La Ley de Seguridad Interior (LSI) aprobada por el Congreso en noviembre de 2017 avala la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad en tiempos de paz. Diversas organizaciones, asociaciones ciudadanas, relatores de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresaron que esta medida recrudece la militarización de la seguridad pública y en numerosas ocasiones expusieron sus preocupaciones durante la discusión en el Legislativo y a partir de su aprobación. Desde el momento de su promulgación, diversas autoridades presentaron recursos de impugnación y organizaciones civiles introdujeron recursos de amparo. El pasado 10 de mayo, el juez de distrito Fernando Silva García, resolvió el amparo presentado en febrero de 2018 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, declarando que la Ley viola cinco artículos de la Constitución al exceder “los parámetros de actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz”. La sentencia considera que la Ley produce un efecto adverso sobre el derecho a la seguridad jurídica, lo cual tiene un impacto en el derecho a la vida y a la integridad de las personas.