La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México es responsable por la desaparición forzada de tres civiles mexicanos en el estado de Chihuahua: Nitza Paola, José Ángel y Rocío Alvarado. El uso indebido de las fuerzas militares en contra de Nitza, José Angel y Rocío y el subsecuente mal uso de la justicia, violaron varios tratados internacionales sobre derechos humanos de las que México es parte. En la sentencia de diciembre de 2018, la Corte ordenó al Estado mexicano realizar la reparación del daño correspondiente, incluyendo: iniciar una investigación inmediata para identificar a los responsables y hacerlos comparecer ante el sistema de justicia, proveer de capacitación a policías y militares para garantizar el respeto a los derechos de civiles en sus funciones de seguridad pública con, y dar una compensación a las familias de las víctimas, quienes estuvieron representadas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.