Un Juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República investigue debidamente el uso del malware Pegasus en contra de activistas, miembros de partidos de oposición y periodistas, que fue denunciado en 2017. La resolución obliga a la PGR a admitir las más de 60 pruebas ofrecidas por las víctimas que demuestran que la PGR adquirió en 2014 el malware que ha sido utilizado para infectar los teléfonos de al menos cinco personas. En su fallo, el Juez establece que la línea de investigación debe centrarse en la adquisición y uso ilegal del software y niega a la PGR la solicitud de reservar la información que pudiera resultar de la investigación para que las víctimas no tengan acceso a ella.
Esta resolución es de gran importancia, pues revela un interés del Poder Judicial en garantizar el debido proceso, incluso cuando una de las partes es una entidad del propio gobierno.
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