En la audiencia de los días 26 y 27 de abril ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y las representantes de las víctimas presentaron sus argumentos y testigos sobre la desaparición en 2009 de tres integrantes de la familia Alvarado. El caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2010 por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, quien representa a los familiares de las víctimas. Este es uno de los casos que ilustra los efectos del incremento de la presencia militar en funciones de seguridad en Chihuahua y en otras regiones del país. Aunque la desaparición fue denunciada ante las autoridades estatales y federales durante los primeros días de la desaparición a finales de diciembre, el Estado no realizó las acciones conducentes a la localización de las personas. Se espera que la sentencia que emita la Corte obligue a México a otorgar una reparación integral a los sobrevivientes y a identificar y procesar a los integrantes del ejército que participaron en la desaparición. También se espera que la Corte se pronuncie sobre la Ley de Seguridad Interior promulgada en noviembre de 2017 y que sea un paso decisivo para reducir la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública en el país.