Tania Reneaum Panszi, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, escribe sobre el trabajo esencial de las organizaciones de la sociedad civil en México y los retos generados por COVID-19.
Hace poco, la Hermana Consuelo, fundadora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) habló con una voz inquebrantable, igual que su voluntad y su firmeza, de las carencias que enfrentan las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en el norte de México y de los apuros para conseguir dinero para suplirles despensas.
Ese mismo día, Claudia Portela, coordinadora del Desayunador Salesiano Padre Chava, que ofrece albergue y alimentos a cientos de migrantes cada día habló sobre la situación actual de los migrantes: “Desde la pandemia, la situación en Tijuana es muy grave. Aquí tenemos arroz y frijoles para la gente que llega, pero necesitamos poner más proteína y un poco de más variedad en cada plato”.
Su relato desesperado narraba cómo, desde el cierre de la frontera con Estados Unidos, hay miles de personas migrantes necesitadas de servicios básicos. ¿Qué sería de miles de personas sin el cobijo de las organizaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) o como el desayunador del Padre Chava? Son dos ejemplos concretos que encarnan algunas de las acciones que hacen las organizaciones sociales en México.
Somos miles las personas que trabajamos en estas organizaciones. Nuestras agendas abordan temas variados y complejos, incluyen las causas de las mujeres privadas de su libertad, de las mujeres que sufren violencia en sus hogares, de las personas indígenas, de las personas que buscan a familiares desaparecidos o desaparecidas, de las personas migrantes y solicitantes de refugio o el personal de salud, que requiere equipo de protección y condiciones laborales adecuadas para atender debidamente a las personas enfermas por Covid-19.
Seguir al pie de la causa de los derechos humanos en el contexto de la pandemia por la COVID-19 es un desafío. Nos hemos tenido que repensar, ser creativas, estar más unidas, para no dejar a las víctimas bajo la sombra del abandono de un Estado que con frecuencia se muestra indiferente ante el dolor.
Uno de los primeros temas que atendió Amnistía Internacional al iniciar la pandemia en México, estuvo vinculado con la necesidad de que las decisiones de política pública del gobierno para atender la enfermedad, tuvieran como eje a los derechos humanos, para lo cual emitimos algunas recomendaciones. También hemos estado atentas de que los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación no afecten la atención que deben recibir las mujeres inmersas en la pandemia del machismo que las maltrata.
25 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México, poco antes de iniciar la marca del 25N.
Una campaña urgente y necesaria
Como parte del repensar nuestra actividad, diversas organizaciones participamos en la campaña #AsíRespondimos, con el objetivo de visibilizar el trabajo que hacemos y recaudar fondos para que diversas organizaciones pudieran continuar con su labor de apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.
La intención de la campaña fue también que las organizaciones tuvieran la oportunidad de fortalecer sus estrategias de incidencia ante las autoridades, de tal forma que fueran capaces de exigir la intervención de éstas en las comunidades más necesitadas, con programas institucionales sustentables que tomen en cuenta las voces de sus habitantes.
Las organizaciones sociales hemos demostrado con creces que somos un contrapeso muy importante para las decisiones del Estado mexicano y un parámetro de causas urgentes. Nuestro trabajo ha sido fundamental para apoyar a las personas más necesitadas en los lugares donde el Estado está ausente por inacción u omisión, así como para crear memoria sobre hechos que han vulnerado los derechos humanos y para exigir justicia y garantías de no repetición.