El gobierno tiene bastante trabajo por hacer para institucionalizar las reformas en materia anticorrupción de 2015 y 2016. Así lo señala el análisis de Washington Office on Latin America, organización donataria de la Fundación. Si bien recientemente se nombró a la titular de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, hay un retraso significativo en nombramientos tales como el de dieciocho magistrados anticorrupción. Estos retrasos tienen un impacto negativo en la capacidad del sistema de justicia de investigar y sentenciar delitos relacionados con actos de corrupción, pues tienen jurisdicción exclusiva en delitos como peculado y lavado de dinero. De acuerdo con la investigación, los gobiernos en muchos estados también se encuentran en falta, tanto por no haber realizado el nombramiento de cargos como por no haber asignado recursos suficientes para el buen funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción.


 

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