El litigio estratégico de cuatro organizaciones apoyadas por la Fundación MacArthur contribuyó a la reforma histórica al Código de Justicia Militar de México. El Congreso aprobó en 13 de junio 2014 estas reformas que por primera vez establecen restricciones a la jurisdicción militar. Las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos que fueron litigados por El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lograron impulsar las reformas, las cuales asegurarán que los casos de violaciones a los derechos humanos contra civiles sean juzgados en tribunales civiles y no en los tribunales militares

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