A un más de un año de la masacre de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  presentó un reporte en el que documenta que los efectivos del ejército habían recibido órdenes de los altos mandos de “abatir a delincuentes”. Según la versión oficial de los hechos, el 30 de junio de 2014 los soldados se encontraban patrullando la zona cuando fueron atacados con armas de fuego por una supuesta banda de secuestradores. Sin embargo, el análisis forense ha mostrado que muchas de las víctimas fueron ejecutadas, corroborando así las declaraciones de testigos oculares. La Comisión Nacional de Derechos Humanos posteriormente realizó su propia investigación y llegó a la conclusión de que 15 de las 22 víctimas habían sido ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para hacerlo parecer una confrontación armada.
 
En un momento en que la situación de derechos humanos en México alcanza niveles críticos, el reporte pone de manifiesto la manera en que elementos del ejército ha hecho uso de la fuerza de manera ilegal, dentro del combate al crimen organizado. El informe también señala la necesidad de ampliar la investigación para identificar la cadena de mando dentro del ejército para identificar a todos aquéllos “directa e indirectamente responsables de los hechos por haber ordenado, ejecutado o tolerado las acciones y omisiones que resultaron en esta masacre, incluyendo los autores de la orden escrita de relevo” que incluye la instrucción de “abatimiento”.