El 11 de agosto entró en vigor el protocolo de actuación aplicable en los procedimientos migratorios para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con base en la Ley General de los derechos de niños, niñas y adolescentes y su reglamento, y la Ley de Migración, el protocolo establece los pasos que el personal del Instituto Nacional de Migración tiene la obligación de seguir, tales como dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección de la Niñez dentro de las primeras 24 horas, entrevistar de manera objetiva al niño o niña para determinar si existen necesidades de atención específicas o de protección internacional. El protocolo también establece las obligaciones específicas del Sistema Nacional del DIF, como es proporcionar alojamiento temporal y brindar servicios amplios a los niños(as) en sus albergues. Además enumera las funciones que debe realizar la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, incluyendo representar jurídicamente a los niños(as), identificar riesgos inminentes contra su vida, integridad y/o libertad, ordenar medidas urgentes o especiales de protección, y dar seguimiento, y elaborar los planes de restitución de derechos.
 
En la elaboración de este protocolo las instancias de gobierno utilizaron insumos técnicos desarrollados por donatarias de MacArthur, entre ellas el Instituto de las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras y la oficina para las Américas de International Detention Coalition.