Las madres de dos migrantes cuyos cuerpos fueron encontrados en las fosas clandestinas de San Fernando en 2011 finalmente fueron reconocidas como víctimas. El 3 de marzo, la SCJN resolvió el amparo interpuesto por Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, en el que se les reconoce a Bertila Parado y Alma Yesenia Realegeño el derecho a solicitar y obtener información sobre la muerte de sus familiares. El  amparo, interpuesto en 2013, logró evitar que se cremaran los restos de los dos jóvenes. Asimismo permitió que a las mujeres se les dé acceso al expediente de investigación sobre los casos. A pesar de estos logros, persisten debilidades en el proyecto de resolución de la Primera Sala, ya que no se pronuncia sobre las dificultades que provoca la división entre fuero local y federal del expediente, y no valora los hechos como parte de una violación grave de derechos humanos.