El Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) presentó su informe “Arraigo, medidas cautelares y ejecución penal” el 25 de marzo de 2015, en la Cámara de Diputados. El OCSJ es una iniciativa apoyada por la Fundación MacArthur, en la que participan la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos HumanosAsistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), y el Instituto de Justicia Procesal Penal, la cual monitorea y documenta el cumplimiento de la protección de los derechos humanos en la implementación del nuevo sistema de justicia de México.
 
El trabajo de monitoreo y documentación para la producción del informe abarcó los estados de Oaxaca, Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Nuevo León y Distrito Federal. Entre algunas de sus conclusiones, destaca la reducción de la prisión preventiva en estados como Chihuahua, en donde se ha logrado una transición más completa al nuevo sistema basado en los principios de justicia básica tales como la presunción de inocencia, al igual que la aplicación de medidas alternativas. El informe fue bien recibido y suscitó elogios del Congreso. Una legisladora lo calificó como un documento que "profundiza la investigación sobre las experiencias de los estados que han transitado hacia el nuevo sistema de justicia ", lo que será "fundamental para el diseño e implementación de los mecanismos del sistema".