Los abogados de derechos humanos en México responsabilizan a los oficiales militares a través de litigios internacionales, reformas de los tribunales constitucionales e con la implementación de nuevas técnicas de argumentos legales.


 

Cientos de personas marcharon desde el monumento de la Madre al Ángel de la Independencia para reunirse con las familias de personas desaparecidas.

 

El 29 de diciembre de 2009 alrededor de las 8 de la noche, un grupo de hombres vestidos de militares, con cascos, uniformes y armas militares, llegaron a la casa de Paola, una de las hijas de Nitza Paola Alvarado, en Buenaventura, Chihuahua. Sin decir nada, sin explicaciones, se llevaron a su mamá y a su tío, para después trasladarse a otra vivienda de su familia, llevándose a su prima, todo entre golpes, violencia y caos.

Al día de hoy, ningún miembro de la familia Alvarado ha vuelto a saber de ninguno de los tres Alvarados.

El año 2009 fue el centro de la “Guerra contra el narcotráfico” que el entonces presidente Felipe Calderón les declaró a los grupos del crimen organizado. Y en ese momento en que en Chihuahua y otras partes del país los militares eran la principal fuerza con la que el gobierno parecía librar una batalla contra los cárteles, era sabido que muchos soldados trabajaban con los criminales. En ese momento la familia Alvarado empezó a buscar a sus seres queridos y a denunciar, pero se enfrentaron con obstáculos desde desconocimiento, impunidad y amenazas.

“La policía y otras autoridades negaron haber tenido alguna información acerca del caso del cual estábamos hablando ”, dijo Alvarado. "Fue una experiencia horrible."

Pese al sombrío panorama, el caso Alvarado dio un giro gracias a la lucha y resistencia, y terminó convirtiéndose en el parteaguas para que las abogadas y defensoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) pudieran demostrar que es posible una impartición de justicia real en México. Las abogadas de la familia llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, donde utilizaron nuevas técnicas y procedimientos en cuanto a litigio y estrategias que fueron aprendiendo de la mano de las reformas judiciales mexicanas de la última década, en el marco de la crisis de violencia y derechos humanos que atravesó el país.

En el anterior sistema de justicia mexicano, las autoridades civiles tenían facultades limitadas para investigar a los militares, lo que significaba que no buscaban evidencia ni podían interrogar a testigos: era básicamente enterrar el caso en un completo silencio.

 

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La familia Alvarado y sus amigos se reúnen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica.


Fue en 2018, casi una década más tarde de la desaparición forzada de los Alvarado, cuando la Corte Interamericana falló a favor de la familia en el “caso Alvarado Espinoza y otros vs. México”, determinando que los militares eran culpables de la desaparición forzada. El Estado Mexicano aceptó la sentencia, sentando un precedente tanto nacional como internacional que da a la justicia mexicana un modelo y ejemplo de cómo se puede no caer en la impunidad y encontrar la verdad.

La misma odisea que ha tenido que vivir la familia Alvarado en la búsqueda de justicia es la misma que viven miles de familias en todo el país, víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además, el caso Alvarado revela todo lo que en juego dentro de la transformación del sistema penal mexicano al pasar de uno inquisitorio a uno acusatorio. Este cambio implica que desde el 2008 el país está mutando de un sistema donde los detenidos eran considerados automáticamente culpables hasta que se demostrara lo contrario, a uno donde se respeta la presunción de inocencia, con juicios orales y veredictos emitidos por un tribunal.

En este sentido, uno de los mayores logros para las víctimas es poder empoderarse y tomar las riendas de sus procesos legales con apoyo de asesores jurídicos, luchando contra la criminalización y la revictimización. El llamado nuevo sistema de justicia penal da la oportunidad tanto a abogados como a sus clientes de contar sus historias en la corte en presencia de los jueces. Por primera vez en el país, los jueces tienen la obligación de buscar la verdad haciendo preguntas en público, y no desde la privacidad de documentos a los que nadie tiene acceso.

Lucha Castro, principal abogada del caso Alvarado e integrante del CEDEHM, dijo que “las víctimas obtienen capacitación legal para saber cuál es el proceso, cómo funcionan estos juicios orales y cuál será su papel en ellos.”

 

Una marcha en Chihuahua para conmemorar la desaparición de miles de ciudadanos mexicanos.

 

Las abogadas defensoras consideran que también es una victoria y un gran avance para las víctimas el poder estar en la misma habitación en donde poderosas autoridades, antes prácticamente intocables, como militares, son encontradas culpables y responsabilizadas por violaciones a derechos humanos y otros delitos.

"Sentí impotencia al ver que los jueces no hayan rechazado inmediatamente lo que los militares hicieron," dijo Alvarado.

Otra de las ventajas del nuevo sistema de justicia penal es la transparencia ante la posibilidad de audiencias públicas y de la presencia de víctimas y familias en las mismas. En ese sentido, para Layda Negrete, investigadora del World Justice Project en México, “ahora tenemos jueces que están presentes y tenemos transcripciones (de los juicios) mucho mejores, porque todos los procedimientos están grabados en video. Y las víctimas y las partes interesadas pueden estar presentes y comprender mucho mejor lo que está sucediendo, con mucha más transparencia.”

Varias organizaciones de la sociedad civil se han dedicado a preparar a abogados, jueces y clientes, capacitándolos en el nuevo sistema de justicia penal para que puedan construir casos más sólidos, y también han estudiado cómo el nuevo enfoque de oralidad y la presentación de evidencia pueden sentar las bases para construir una nueva teoría legal y fortalecer estos casos.

Todo este trabajo se ha traducido en importantes logros, sobre todo en algunos casos emblemáticos. Uno de ellos fue el de Valentina Rosendo Cantú, indígena Me’Phaa del estado de Guerrero que en 2002 fue violada por militares. Su defensa legal presentó testigos que hablaron de la violación y del impacto que tuvo no sólo en ella, sino en su comunidad.

Abel Barrera, fundador y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dice que el testimonio fue un elemento esencial para explicar y dar a entender el porqué los militares habían utilizado la violación como una herramienta para someter de manera sistemática a una minoría étnica, en este caso los indígenas Me’Phaa, uno de los cuatro principales grupos indígenas de Guerrero.

En el caso Rosendo Cantú, explicó Abel Barrera, usaron un antropólogo que explicó la importancia sagrada y cuasi matriarcal de las mujeres en la comunidad, y el intenso sentimiento de sororidad entre ellas. Comprender cómo funcionaba la comunidad era esencial para entender el profundo daño que significó la violación de Rosendo.

 

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Valentina Rosendo Cantú en la Corte Interamericana en San José, Costa Rica, donde su caso fue juzgado en 2010.

 

Al igual que ocurrió con la desaparición de la familia Alvarado, el caso de la violación de Valentina fue también llevado por sus abogados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahí dos militares fueron declarados culpables. El caso regresó después a manos de la justicia nacional, donde se presentaron las mismas evidencias, y finalmente en 2018 una corte mexicana falló a favor de Rosendo, determinando incluso una disculpa pública por parte del Estado a ella. Este caso fue uno de los primeros en utilizar testimonios de la propia víctima para demostrar la culpabilidad de los militares, quienes fueron sentenciados a 19 años de prisión.

Para Rosendo, lo que pasó en la corte fue una validación de sus vivencias y testimonio. Dijo que el veredicto del juez la transformó psicológicamente, pero no sólo a ella sino a todas las mujeres de su comunidad. “Cada vez más mujeres encuentran su voz, empiezan a reconocer sus derechos y a luchar por ellos.”

Pese a estos triunfos y avances, aún queda un largo camino por recorrer para transitar por completo no sólo al nuevo sistema de justicia penal, sino a un cambio profundo en la justicia mexicana contra la impunidad y que verdaderamente dé voz a las víctimas. Como en el caso Alvarado, los logros no han significado necesariamente un fin a las injusticias.

"Todavía no sabemos nada sobre nuestra familia", dijo Alvarado. “Todavía no están investigando al personal militar que ordenó esto. Hemos avanzado mucho en este caso, pero no hemos ganado muchas cosas ".

Defensores de derechos humanos han expresado sus preocupaciones respecto al nuevo sistema en cuestiones como los bajos estándares de revisión al recolectar evidencias en la escena del crimen y la cadena de custodia de las pruebas, además del uso aún frecuente de tortura para extraer confesiones de personas detenidas.

En México hay miles de casos como el Alvarado o el Rosendo que todavía están siendo juzgados bajo el antiguo sistema, lo que los hace no sólo más vulnerables a la impunidad sino menos visibles ante los medios y organizaciones, y por consecuencia pueden ser un blanco fácil para ser ignorados por las autoridades. Hay un largo camino por recorrer en un país del cual provienen cerca del 33% de todas las denuncias y peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violaciones y crímenes. Y ante este panorama, son organizaciones como CEDEHM y Tlachinollan quienes están abriendo el paso con casos concretos.

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