En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México responsable de la tortura y la violencia sexual cometida contra un grupo de mujeres en la comunidad de Atenco cerca de la Ciudad de México durante una redada policial en mayo de 2006. La sentencia ordena a México ofrecer reparaciones a las mujeres, incluyendo proporcionar asistencia médica y psicológica; que funcionarios de alto rango ofrezcan una disculpa pública; e iniciar una nueva investigación de manera transparente para identificar y procesar a los responsables, incluyendo la cadena de mando bajo la cual se cometió el abuso. Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donataria de MacArthur, ha sido la representante legal de las 11 mujeres de Atenco en la Corte.


 

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