Abogados en México utilizan el análisis de contexto para resolver las violaciones a los derechos humanos y acercar a las víctimas y sus familias a la justicia


 

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Maria Eugenia Padilla cuenta sobre su lucha a través del sistema judicial en una conferencia de prensa en agosto de 2019 en la Ciudad de México.

 

Cuando recibieron el expediente, abogados de un joven detenido por la Policía de la Ciudad de México, encontraron que los informes oficiales seguían una sola línea de investigación: robo.

El contexto más amplio de los eventos alrededor de la detención así como el actuar de la policía no se registró en ninguna parte. Los reportes entregados no tomaron en cuenta uno de los panoramas más comunes en México: la detención rutinaria de jóvenes para extorsionarlos con dinero.

Los defensores de Marco Antonio Sánchez, de 17 años, reconstruyeron la escena con las piezas ignoradas por las autoridades, y los resultados no fueron favorables para la investigación previa.

Las cámaras de seguridad pública no habían recolectado ninguna imagen de lo sucedido, y las cámaras de la policía fueron apagadas estratégicamente. Además, que testigos relevantes, incluidos otros agentes policiales, no fueron interrogados de manera separada.

“Cuando revisaron las cámaras de la policía, se dieron cuenta que habían dejado de funcionar desde hace meses y que fueron apagadas intencionalmente,” dijo Margarita Griesbach, directora de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI) que investiga y litiga casos de violaciones a derechos humanos. “Si se ampliara la investigación estoy segura que van a encontrar a muchas patrullas que trabajan de la misma manera.”

El caso Sánchez al igual que otros similares son ejemplos evidentes de lo que algunos expertos en justicia penal llaman cultura de la impunidad, impulsada por la turbia relación entre el crimen organizado y las instituciones gubernamentales, policiales y militares de México.

La reciente reforma de justicia en México asume ese mismo desafío al introducir una técnica llamada "análisis de contexto," que resulta particularmente relevante para los crímenes cometidos por agentes del Estado.

La idea es clara y directa: la mejor manera de analizar delitos en los que los actores estatales pudieran ser cómplices es enmarcar los delitos individuales en el contexto más amplio de cómo ocurrieron. Al observar el papel que desempeñaron las estructuras e instituciones gubernamentales, puede surgir una imagen más nítida de la impunidad por aquellos que cometieron los delitos.

El impulso por el análisis de contexto llegó en un momento oportuno. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reportó que México procesa exitosamente menos del cinco por ciento de homicidios y menos del dos por ciento de desapariciones forzadas.

La razón principal por la que los números son tan bajos surge del cómo se conducen las investigaciones. Si bien muchas examinaciones de crímenes graves nunca se llevan a cabo, organizaciones que se dedican a ubicar el problema aseguran que en la mayoría de casos pasan por alto pruebas clave, no logran mantener las escenas del crimen y permiten largos e inexplicables lapsos de tiempo antes de contactar a los testigos.

“Las investigaciones de mala calidad son más que incompetencia,” dijo Griesbach.

"La actividad criminal sistemática ha sido muy exitosa al secuestrar instituciones gubernamentales," dijo. “Este tipo de corrupción sistémica va más allá de servidores públicos cometiendo un delito.  Es simbiótico (y) requiere que el sistema funcione para que los delitos sean cometidos.”

El análisis de contexto permite a los investigadores mirar la posibilidad de que otros actores fuera de la escena pudieran estar involucrados en el crimen.

El trabajo de incidencia de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con el análisis de contexto en Colombia ha jugado un papel fundamental para llevar el concepto a las procuradurías y fiscalías de México. Las OSC introducen el análisis de contexto como parte de un objetivo más amplio para crear fiscalías más profesionales y efectivas.

 

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Los abogados Mariana Gil Bartomeu y Mayra Ortiz Ocana discuten la estrategia para construir un caso utilizando el análisis de contexto

 

Sin embargo, hay varios elementos que se interponen en el camino de policías y fiscales que comienzan a utilizar este enfoque en México.

“El problema principal es la apatía,” dijo la abogada Arely Varela, quien se especializa en temas de género para la organización legal Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. “La infiltración del crimen organizado en las instituciones mexicanas ha dejado a muchas de ellas reacias a desafiar la corrupción,” agregó.

A pesar de que los tribunales mexicanos están comenzando a reconocer al análisis de contexto como herramienta para construir un caso, las autoridades que están involucradas en un posible delito son las mismas que controlan el acceso a información relevante como lo son las estadísticas sobre cuotas y arrestos.

“Existen diferentes propuestas por parte de la sociedad civil de otros países, pero no existe un modelo común para realizar este tipo de análisis,” dijo Mariana Gil, abogada de la ODDI, quien trabaja en el caso Sánchez. “Es bastante complicado.”

Por difícil que sea establecer un análisis de contexto, la decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU exigiendo su uso podría ser un punto crítico para el sistema judicial.

La decisión provino de un incidente en 2010, cuando varios hombres vestidos como policías estatales fueron vistos forzando a Christian Téllez Padilla a entrar a una patrulla en Veracruz. Christian sigue desaparecido.

Su familia trabajó con los abogados de Idheas para llevar el caso a las Naciones Unidas en 2015. El Comité descubrió que la coartada de uno de los oficiales visto en escena nunca fue cuestionada, además se confirmó que varios miembros de la policía pertenecían a grupos del crimen organizado.

 

Cuando su hijo, Christian Tellez Padilla, desapareció en 2009, Maria Eugenia Padilla trabajó con abogados del Litigio Estratégico de Derechos Humanos de Idheas para obtener una importante decisión legal del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


El Comité de la ONU exigió al gobierno de México brindar a la familia Padilla un “remedio efectivo” que incluyera una investigación exhaustiva, rigurosa e independiente sobre su desaparición, "teniendo en cuenta el contexto identificado en el presente caso como un vínculo entre las autoridades estatales y los grupos del crimen organizado."

Organizaciones de derechos humanos, incluídas Idheas y ODDI, han usado casos como el de Padilla para abogar por el análisis de contexto. Al igual que defensores comparten la idea que decisiones como las que tomó el Comité de la ONU en el caso Téllez pueden proveer a los abogados con más herramientas para exigir que el análisis de contexto sea tomado en cuenta para los casos futuros.

“La decisión del caso Téllez es un gran punto de partida para nosotros,” dijo Varela y agregó que su organización utiliza el fallo para argumentar la importancia del análisis de contexto en otros similares.

En cuanto al caso de Sánchez, a pesar de haber sido hallado con vida seis días después de su detención, ha provocado varias manifestaciones que consiguieron atraer la atención del público en general. Sus abogados continúan con el trabajo por la justicia en su nombre.

Sostienen que el problema central en la detención de Sánchez son las cuotas de arresto policiales que llevan a oficiales de bajo nivel a detener personas ilegalmente con la aprobación tácita de sus superiores.

Ésta es parte de la estrategia de los abogados defensores basada en el análisis de contexto.

 


MacArthur ha brindado $ 1,767,000 de apoyo a la Oficina de Defensa de los Derechos de la Infancia entre 2007 y 2019, y $ 435,000 a Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos entre 2011 y 2019.

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