Migración

La Fundacion MacArthur dejará de dar apoyo al tema de migración al finalizar el 2016. El programa de migración continuará operando hasta el 2017, al terminar la implementación de los proyectos. Durante ese tiempo, la Fundación seguirá acompañando a las organizaciones donatarias y dando seguimiento de manera cercana a sus actividades, logros y retos.

Dado que el programa ya no cuenta con fondos disponibles, partir de ahora no se aceptarán solicitudes de apoyo para proyectos de migración.

El Programa sobre Migración de la Fundación estaba organizado en tres iniciativas:

Migración en el Corredor Regional

Durante años, los flujos migratorios en la región comprendida por América Central, México y Estados Unidos han sido los mayores del mundo. La migración ha generado una mayor interrelación económica, cultural, política y demográfica entre los países de dicha región, y es por ello que hoy  en día es un factor de peso considerable en las relaciones entre los mismos. Tanto las dinámicas migratorias actuales, como las amenazas a la seguridad humana y las elevadas cifras de deportaciones por parte de Estados Unidos dan cuenta de la necesidad de contar con políticas coordinadas. El trabajo de la Fundación en la región busca promover el mejoramiento de políticas públicas que beneficien a las personas migrantes y a sus familias, a sus comunidades y a los países de origen y de destino.

En el Corredor Regional, la Fundación tiene tres líneas de apoyo:

1) Impulsar la cooperación y el diálogo bilateral y regional entre diferentes actores;

2) Apoyar esfuerzos de la sociedad civil para mejorar el acceso a la justicia y a servicios para      migrantes en tránsito, internos y retornados en México y Centroamérica; y

3) Contribuir al mejoramiento de los sistemas migratorios, con particular atención a grupos  vulnerables de migrantes.

 

Donativos Relevantes


Global Workers Justice Alliance
(Guatemala, México y Estados Unidos)
$300,000 para apoyar el trabajo de Global Workers Justice Alliance (GWJA) que consiste en litigio de casos de fraude y violaciones laborales para trabajadores migrantes, incidencia con los gobiernos de Guatemala, México y Estados Unidos para mejorar las protecciones aplicables a trabajadores temporales, y aumentar el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos en el reclutamiento. A través del fortalecimiento de una red regional de defensores y defensoras GWJA presenta casos ante las cortes estadounidenses a fin de reclamar acciones fraudulentas e ilegales por parte de reclutadores y agentes en la cadena de empleo. Produce informes sobre las leyes y reglamentos aplicables en reclutamiento al igual que sobre los sistemas de visas para trabajo temporal y a partir de investigación y documentación de casos, GWJA busca mejorar la aplicación del marco regulatorio que protege los derechos de los trabajadores. Este proyecto tiene una duración de 2 años (2015).

Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C
(México y Estados Unidos)
$250,000 en apoyo al proyecto que busca mejorar el acceso a servicios y a información para las familias transnacionales cuyos miembros viven tanto en México como en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. A partir de documentar las deficiencias en los sistemas nacionales para atender a las familias que han sufrido separación por deportación u otros actos de la autoridad migratoria, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) elabora recomendaciones a las agencias de gobierno a fin de propiciar el mejoramiento de procedimientos y prácticas. Generalmente, las recomendaciones incluyen propuestas de creación de protocolos de actuación y de coordinación entre dependencias a fin de que las familias tengan acceso a diferentes procedimientos legales para la protección de sus derechos. IMUMI participa en diálogos con representantes de gobierno en la región y provee asistencia técnica en temas relacionados con la niñez migrante no acompañada, la niñez retornada y servicios de reunificación familiar. Este proyecto tiene una duración de 2 años (2015).

International Detention Coalition
(México)
$150,000 para apoyar el proyecto que consolida los avances logrados en reducir la detención de la niñez migrante en México. La Coalición Internacional contra la Detención (IDC, por sus siglas en inglés) en colaboración con el gobierno de México ha puesto en práctica un piloto para canalizar y dar alojamiento en condiciones no-carcelarias a grupos de niños que han sido detenidos por las autoridades migratorias. En los últimos años, el reconocimiento de los efectos graves provocados por la detención en la salud y el bienestar de los niños y niñas ha llevado a una apertura en algunas instancias del gobierno mexicano para tomar pasos decisivos en reducir la detención de niños y eventualmente utilizarla como medida excepcional. A partir de la aplicación del modelo de Alternativas a la Detención diseñado por IDC y operado con la colaboración de organizaciones comunitarias incluyendo a IMUMI y Sin Fronteras, se obtendrán lecciones aprendidas que puedan propiciar la implementación de modelos similares en diferentes regiones del país. Este proyecto tiene una duración de 18 meses (2016).

Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, A.C.
(México y Estados Unidos)
$250,000 para apoyar el proyecto cuyo objetivo es mejorar las condiciones de los y las trabajadoras migrantes en el proceso reclutamiento en esquemas de trabajo temporal. En el marco de este proyecto, el  Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) proporciona recomendaciones al gobierno mexicano sobre cómo fortalecer sus capacidades de inspección y sanción de agencias reclutadoras que incumplen con sus obligaciones en detrimento de los derechos de las y los trabajadores que son contratados para laborar en Estados Unidos. La consolidación de la Coalición de Trabajadores de Sinaloa, organización que ha sido acompañada por ProDESC desde su formación, ha permitido documentar un número considerable de casos que detallan las infracciones cometidas por reclutadores. La documentación de dichos casos está siendo utilizada para crear un mecanismo que proporcione transparencia a los mecanismos de reclutamiento y que permita establecer una responsabilidad compartida entre los empleadores en Estados Unidos y los reclutadores. A partir de este mecanismo, los empleadores deberán reaccionar ante las notificaciones sobre acciones ilegales o violatorias de los reclutadores encargados de contratar a sus trabajadores. Este proyecto tiene una duración de 2 años (2015).