Organizaciones que reciben apoyo del programa de derechos humanos de la Fundación MacArthur participaron en el 156º Período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre. En la audiencia sobre ejecuciones extrajudiciales Fundar, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expusieron sobre el uso arbitrario de la fuerza letal por parte de fuerzas de seguridad y el ejército y la recurrente ausencia de líneas de investigación al respecto y la impunidad.
 
En la audiencia realizada sobre la política de combate contra las drogas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)  hablaron de los graves estragos de desplazamiento forzado, aumento  de encarcelamiento de mujeres y otros grupos vulnerables sin el debido proceso, y la tortura de las personas acusadas de delitos relacionados con el narcotráfico. Recomendaron hacer un replanteamiento de la política de reducción al tráfico de drogas, separando a las fuerzas armadas de las funciones de seguridad pública.
Durante la audiencia sobre el Informe “Investigación y primeras conclusiones sobre las desapariciones y homicidios de los estudiantes de Ayotzinapa” del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes o GIEI, el Estado Mexicano reconoció la legitimidad del reclamo de justicia por parte de los familiares y mencionó su cumplimiento con algunas de las medidas recomendadas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expusieron sus preocupaciones, en particular la posible tortura de las personas detenidas. Resaltaron que los hechos ocurridos en Iguala son paradigmáticos de las desapariciones en México, incluida la obstrucción de las investigaciones, por lo que enfatizaron la necesidad de extender el mandato del GIEI.