Cuatro organizaciones que son apoyadas por la Fundación MacArthur crearon el Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia (OCSJ) con el fin de fortalecer el sistema de justicia penal de México a través del monitoreo, el análisis, la defensa y la difusión de casos. La reforma constitucional del 2008 para el sistema de justicia penal mexicano, fue el primer intento en 90 años, de integrar mayores controles de transparencia y protección de los derechos en el sistema. La sociedad civil dio la bienvenida a la reforma, pero notó la necesidad de una mayor supervisión para su aplicación. Con ese fin el Observatorio, conformado por Asistencia Legal por los Derechos Humanos; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; el Instituto de Justicia Procesal Penal  y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, comenzará su trabajo en el Distrito Federal y en otros siete Estados en los que se han documentado ineficiencias en la aplicación de la reforma del 2008. El grupo espera compartir sus análisis públicamente y reformar ciertas prácticas, tales como el uso de la prisión preventiva.